El nuevo sistema de metro se abre con un acto
simbólico: una rueda de trenes sin pasajeros
cruza la ciudad desde las faldas del Cerro
Chingaza hasta el barrio San Cristóbal. La
inauguración es televisada, pero nadie nota que
las estaciones del norte no tienen puertas de
salida.
Las mujeres del barrio, recluidas por meses tras
el desalojo colectivo, comienzan a notar un olor
metálico en el aire cuando llueve. En el fondo
del pozo de ventilación del túnel 7, encuentran
una cinta de video quemada. El audio está
borroso, pero se escucha un grito de niño y una
voz masculina diciendo: “No hay registro de este
lugar”.
Un técnico de mantenimiento muere ahogado en un
ducto cerrado. Su identificación revela que
nunca fue contratado. El informe oficial lo
registra como “accidente laboral”, pero la lista
de empleados incluye nombres que ya no están
vivos.
La comisión de mujeres exige acceso a los planos
de construcción. La oficina del alcalde responde
con una orden de silencio. Las calles vecinas
comienzan a perder señales de teléfono móvil.
Los vecinos afirman que los niños ya no regresan
de sus caminatas al parque.
En la madrugada del día 13, las mujeres rompen
el bloqueo en el túnel 7. Abren una compuerta
sellada con cemento. Dentro, encuentran una
galería subterránea dividida en módulos pequeños.
Cada uno contiene un cuerpo joven, amarrado con
cable de cobre, cubierto de polvo blanco.
Algunos llevan prendas de colegio local.
El alcalde firma la autorización para demoler el
sector. A las seis de la mañana, el primer
explosivo detona. Una onda sísmica sacude el
subsuelo. Desde entonces, el metro funciona sin
interrupciones. Las estaciones del norte
permanecen vacías. Nadie pregunta por los
pasajeros que no llegaron.
La ciudad respira más ligera. El sistema
funciona. El suelo no tiembla más. Y en los
archivos municipales, todos los registros de
desaparecidos del último año aparecen como
“cancelados por error administrativo”.
