La niebla se comió el camino entre San Juan de
Pasto y El Tambo antes del amanecer. En una
oficina de registro civil sin luz ni teléfono,
el funcionario revisa papeles con las manos
temblorosas. Su nombre está en el listado de
“activos” — pero no recuerda haber firmado.
El mundo cambió cuando los hacendados dejaron de
ser dueños y los jefes de partido tomaron sus
tierras. Ahora, los registros no son archivos:
son trampas. Cada firma que certifica un
nacimiento también anota un desaparecido. No hay
más papel; solo huellas en el polvo.
Él entra al archivo de muertos sin saber que ya
fue borrado de la lista. Un mes después,
encuentra un cadáver en el fondo de un pozo de
cemento: el rostro hinchado, la camisa con el
logo del municipio, el número de identidad igual
al suyo. Lo reconoce por el tatuaje del cuello —
un sol con rayos— el mismo que llevaba su
hermano.
Revisó el expediente. Estaba registrado como
“desaparecido por motivos políticos”, fecha:
1952. Pero su hermano murió en 1949. El informe
dice que fue “reintegrado” tras el Acuerdo de
Paz de 1953. Nadie lo enterró. Nadie lo reclamó.
En el pueblo, la ley era simple: si no tenías
memoria, no tenías derecho. Si tu nombre no
estaba en el libro, no existías. Y si te negabas
a firmar, aparecías en otro lugar.
Él se acercó al jefe de policía del distrito. No
dijo nada. Solo le mostró el documento. El
hombre lo miró, luego se levantó, abrió un cajón
y sacó una pistola. Apuntó al techo. Disparó.
Una bala pasó por encima de su cabeza. No hubo
palabras. Solo el eco.
Volvió al archivo. Borró cinco nombres. Uno era
el suyo. Otro, el del jefe. Luego prendió fuego
al edificio. Las llamas subieron hasta donde el
humo se confundía con la niebla.
Al día siguiente, nadie recordó haber visto al
funcionario. El archivo quedó en ceniza. Los
nuevos registros empezaron sin números. Sin
fechas. Sin nombres. Solo marcas hechas con
carbón en las paredes.
Y en un rincón, alguien escribió: “Aquí no hay
justicia. Solo memoria que no se borra.”
